LA INSEGURIDAD EN EL PERÚ
En Perú, como en toda Latinoamérica, el alto grado de inseguridad generado por la violencia y la delincuencia obstaculizan el crecimiento económico y la reducción de la pobreza.
Sin embargo, la falta de datos precisos impide formular en forma adecuada el problema. En el caso de Perú este asunto es, al parecer, particularmente grave. Aunque no existen estudios concluyentes al respecto, se estima que sólo el 25% de los actos delictivos son denunciados.
Por otro lado, los estudios realizados hasta el momento para el caso peruano han incidido en una u otra manifestación violenta o criminal para sugerir así los niveles de inseguridad imperantes. Asimismo, gran parte de las inquietudes se han focalizado en el ámbito de Lima Metropolitana.
Estos enfoques si bien son valiosas contribuciones no dejan de ser parciales. Este documento busca suplir estos vacíos. En ese sentido ha reunido y ordenado la información oficial disponible tratando de darle coherencia estadística mediante el levantamiento de índices. También ha interrelacionado las diversas manifestaciones de violencia que se producen en todo el país, según tipo y frecuencia.
La inseguridad generada por la presencia de la violencia y la delincuencia no es un problema reciente en la sociedad peruana. Durante la década pasada el Perú sufrió los efectos de un fenómeno subversivo muy violento, que dio como resultado cerca de 30,000 muertos y unos 25 mil millones de dólares en pérdidas materiales.
Cuando en 1992 fue capturado el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, dando inicio a la rápida derrota de la principal organización terrorista peruana, todo hacía suponer que el delicado escenario anterior había sido por fin superado.
Sin embargo, la disminución de la violencia política a niveles inocuos para la seguridad nacional permitió ver con mayor claridad un fenómeno que venía desarrollándose desde años atrás: la violencia delincuencial.
Esto planteó nuevos retos a la política de seguridad del país. Los daños que produce la delincuencia son elevados para el tamaño de la economía peruana y, por otro lado, generan un clima de desconfianza muy perjudicial para la organización social.
Además, a diferencia de lo que ocurrió con la subversión, esta vez no se tenía al frente un problema cuyas características podían ser definidas sin dificultad. La delincuencia común es un fenómeno muy complejo que no responde a criterios organizacionales ni a estrategias puntuales.
Pero, el panorama de la inseguridad en Perú tiene otros factores importantes en su composición. El narcotráfico es uno de ellos. Durante la presente década esta actividad ilícita viene postrando una suerte de “reconversión”, exigida por las variaciones de los precios internacionales de los estupefacientes y las políticas de interdicción llevadas a cabo en la región latinoamericana.
Los resultados, hasta el momento, han sido la reducción de las áreas de cultivo de coca y, por otro lado, que el Perú deje de ser un exclusivo productor de materia prima para pasar a ser productor final, es decir, de clorhidrato de cocaína.
Una de las consecuencias de estos cambios en el “negocio “de las drogas es el explosivo aumento del consumo interno de estas sustancias, especialmente en el mercado urbano.
Por otro lado, la violación de los derechos humanos también debe ser incorporada como un factor importante que afecta la seguridad del país. Si bien se reconoce internacionalmente que Perú ha avanzado significativamente en este campo durante los últimos años, es obvio que aún subsisten graves problemas al respecto.
Al lado de estas manifestaciones ilícitas se encuentran aquellos actos de violencia que atentan contra la seguridad de los ciudadanos, los cuales no son considerados como ilegales por la población. Entre ellos, los más notorios son la violencia doméstica ejercida contra las mujeres y los niños y, por otro lado, los accidentes de tránsito. En ambos casos el Perú muestra un rápido crecimiento de casos que resulta muy ilustrativo para medir el deterioro de las condiciones de vida.
Todas estas expresiones que fomentan, de una u otra manera, el sentimiento de inseguridad de la población peruana son sin duda síntomas de graves problemas que radican en la sociedad. Sin embargo, esta explicación es parcial.
El otro lado del problema es la incapacidad institucional para hacer frente a esta realidad. Es un hecho que la policía peruana se encuentra sumida en una profunda crisis de manera tal que bien podría formar parte del problema, dado la gran cantidad de efectivos que se hallan comprometidos en actos delictivos.
Asimismo, las otras instituciones públicas que guardan relación con la seguridad pública, como son el Poder Judicial y el sistema penitenciario, también procesan sus propias crisis y resultan inadecuados para las circunstancias actuales que presenta el país.
La falta de respuesta por parte del Estado ha motivado que la sociedad opte por algunas formas de defensa que, salvo algunas excepciones -como los “serenazgos” organizados por las municipalidades de Lima Metropolitana-, son más bien espontáneas y sin ningún control institucional.
Estas respuestas sociales no sólo son onerosas e ineficaces sino también peligrosas y contraproducentes para disminuir la inseguridad. En los barrios urbanos marginales, por ejemplo, son cada vez más frecuentes los linchamientos tumultuosos de supuestos delincuentes.
De esta manera, la seguridad ha devenido en un aspecto prioritario para la agenda que debe desarrollarse en Perú. La población se siente más amenazada que nunca por la delincuencia, los empresarios están preocupados por sus costos de seguridad y las autoridades buscan diseñar estrategias adecuadas para un problema urgente.
Entonces la inseguridad ciudadana se define como el temor a posibles agresiones, asaltos, secuestros, violaciones, de los cuales podemos ser víctimas. Hoy en día, es una de las principales características de todas las sociedades modernas, y es que vivimos en un mundo en el que la extensión de la violencia se ha desbordado en un clima generalizado de criminalidad. A continuación, presentamos la vertiginosa transición de la delincuencia en el país y las causas que originan esta incertidumbre en la sociedad.
Entre las causas de inseguridad que se detectan, está el desempleo que vive una gran cantidad de personas; las personas que atentan contra los bienes y la integridad física de los ciudadanos lo hacen, frecuentemente, por no tener un empleo estable que les garantice ingresos suficientes para mantener a su familia.
También, se identificó a la pobreza como otra causa que puede generar agresividad y que causa, además, altos índices de delincuencia que, generalmente, se ubican en las zonas marginales de la ciudad.
La falta de educación es otra causa. La escasa (y, muchas veces, inexistente) educación de los ciudadanos genera delincuencia, agresividad y, por supuesto, inseguridad en aquellas personas que se mantienen al margen, pero que son los que sufren las consecuencias de esta situación.
Asimismo, la cultura tan pobre de nuestra población genera altos índices delictivos y de agresividad contra las personas. Puede afirmarse que, cuanta menos educación y cultura tengan las personas, más propensas a la delincuencia y al crimen serán.
En conclusión, la inseguridad ciudadana puede ser superada si el Estado crea un sistema educativo que disminuya las cifras de deserción escolar que inciden en la criminalidad, y que, además, ofrezca oportunidades laborales a todos los sectores de la sociedad.
CONSECUENCIAS DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL PERU
Caminar por las calles de Lima ya no es tan fácil como era antes. Ahora, es común que, al despedirnos, nos digamos “ten cuidado”. Nadie está exento de ser víctima de un asalto y esto genera un miedo constante. En el siguiente artículo, trataremos las consecuencias de la inseguridad ciudadana.
La persona o institución que sufre un robo se ve privada de lo que es de su propiedad, lo que causa daño al patrimonio de personas, empresas, instituciones y del propio país. A veces, esto ocurre con violencia. Se genera un clima de desconfianza, desesperanza y desánimo, de manera que la persona que es víctima de un robo se cuida más y toma medidas más estrictas y excluyentes en perjuicio de los que no roban. Esto encarece los costos de la vida, pues obliga a instalar medidas de seguridad que implican contratación de pólizas de seguro, contratación de infraestructura de seguridad (paredes, rejas, cerraduras, etc.), contratación de personal, creación de áreas de seguridad en las instituciones y de instituciones de vigilancia en el país, entre otras medidas de protección.
Por otra parte, en el caso del abuso sexual, no solo sufren los acosados, sino también los agresores, los testigos, los padres, las madres, los hermanos, los familiares: en definitiva, la sociedad entera. Los testigos de la violación padecen bloqueos emocionales, intelectuales y alteraciones de conducta que les pueden llevar a un final funesto. Sus sufrimientos no son transitorios y pueden desafiar un desarrollo futuro normal. El abuso sexual acarrea desconfianza en la víctima, además de originar conciencia de culpa y vergüenza en ella, pues, en cierta medida, queda la culpa inconsciente de haber incentivado dicho acto.
Además, en el caso de los secuestros o raptos, el acto delictivo tiene como consecuencia la violación física y psicológica. Los secuestradores juegan con los sentimientos de los familiares de sus víctimas al amenazarlos con la muerte de estos, si no pagan por el rescate. Asimismo, los delincuentes abusan físicamente de sus víctimas si estas no son rescatadas.
En conclusión, la seguridad ciudadana es un bien público que el Estado debe garantizar y proteger. Enfrentar la violencia y fomentar la seguridad, por tanto, es manifestar la voluntad de conseguir un mejor desarrollo para nuestro país.
POSIBLES SOLUCIONES ANTE LA INSEGURIDAD CIUDADANA
PERÚ
Somos conscientes de que la inseguridad ciudadana incide negativamente en el desarrollo social, cultural, económico y educativo de nuestro país. Por eso se tiene que encontrar, con urgencia, medidas que solucionen esta problemática. La policía, en conjunto con los gobiernos locales, y, también, la sociedad civil tienen que trabajar para proponer y hallar dichas medidas. En el siguiente artículo, nosotros, como parte de la sociedad civil, expondremos algunas soluciones que podrán disminuir la gravedad del problema. En esta ocasión, basaremos nuestras soluciones en los ámbitos social, educativo y policial.
En el ámbito social, nos centraremos en cuatro puntos. En primer lugar, se encuentra el programa de resociabilización de jóvenes de la calle. Este consiste en otorgar opciones laborales, culturales o sociales que incentiven un adecuado uso del tiempo libre en los jóvenes. Por eso, estas opciones deben de ser atractivas, que recreen y tengan sentido integrador. En segundo lugar, está el ofrecimiento de oportunidades laborales para la población penal. Si se capacita a un ex interno este puede trabajar con las habilidades despertadas en la capacitación y, así, no caerá otra vez en la delincuencia y criminalidad. En tercer lugar, está la información para la participación. La población debe tener acceso a encuestas y estadísticas sobre la inseguridad ciudadana. “Tener una amplia disponibilidad de información contribuye a perfeccionar la política desarrollada en materia de seguridad ciudadana”1. En cuarto lugar, se encuentra la existencia de un centro de asistencia a las víctimas para que se les pueda brindar ayuda psicológica, dependiendo del nivel de violencia. Como afirma el Instituto de Defensa Legal: “El desarrollo de la problemática victimológica y la asistencia interdisciplinaria de las víctimas sirve para atenuar graves consecuencias que ocasionen los delitos tanto el aspecto individual, como el familiar y el social”.
En el ámbito educativo, el sistema actual en el Perú no consta de métodos que enseñen a los niños desde pequeños a no resolver sus riñas de manera violenta. Es bueno, sin importar su edad, inculcar a los niños el respeto hacia los demás para, así, convivir en armonía en la sociedad. También, es necesario combatir la deserción escolar, pues esto vincula a los jóvenes a no asistir a las escuelas y darse al abandono (punto de inicio de la violencia juvenil en las calles).
Y, por último, en el ámbito policial, se les debe dar importancia a dos aspectos. En el primer aspecto, está la descentralización jurisdiccional y geográfica. Esta se refiere a separar por niveles de gravedad los delitos cometidos en determinados lugares y circunstancias: no se puede imponer con una misma pena a alguien que robó y a otro que mató. En el segundo aspecto, se debe observar una clara división de funciones de los policías. Nuestro sistema de seguridad debe separar adecuadamente las funciones y estar debidamente dirigido y vigilado por un especialista en dicho aspecto.
En conclusión, la seguridad ciudadana es un bien público que el Estado debe garantizar y proteger. Es cierto que no hay estadísticas concretas que muestren el incremento o disminución de la seguridad ciudadana, pero este es un tema que no solo acontece en el Perú, sino también se da en toda Sudamérica. Por ello, las medidas para erradicarla deben ser cautelosas y no caer en soluciones inmediatistas, y, a su vez, negativas.
En ese sentido, el presente texto busca motivar respuestas al cómo, dónde, cuándo y por qué se producen las acciones que afectan la seguridad de la población peruana. Así, hemos tratado de reconstruir la evolución de estas expresiones violentas durante la presente década, para de esa manera ofrecer un acercamiento que ayude a responder las interrogantes expuestas.
a) Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud
En esta variable se incluyen homicidios, abortos, lesiones y otros (exponer al peligro o al abandono a las personas, genocidios, etc.). Se le ha considerado como el principal síntoma de inseguridad.
b) Delitos contra el patrimonio
Es el conjunto de infracciones punibles que vulneran la propiedad de las personas naturales o jurídicas. Entendiéndose por patrimonio todo bien que suscite estimación pecuniaria, es decir; que tenga un contenido económico.
Estos delitos se generan por factores de índole económico social y tiene gran incidencia en nuestra sociedad, cometiéndolos individuos de los diferentes estratos sociales en sus diversas tipologías, algunas veces individualmente y otras conformando grupos organizados, constituyen el mayor número de las infracciones en agravio respecto de los bienes muebles y en menor porcentaje en lo relacionado con los bienes inmuebles (usurpación y daños).
Aquí se incluyen los hurtos, robos, apropiaciones ilícitas, estafas, fraudes y otros (extorsión, usurpación, daños. etc.).
c) Violaciones de derechos humanos
Aunque la situación de los derechos humanos en Perú ha mejorado mucho en los últimos años, las violaciones a los derechos humanos siguen siendo un problema grave y permanente. Cientos de presos inocentes continúan en las cárceles, condenados por tribunales sin rostro, sin las garantías procesales más mínimas, y generalmente sin pruebas válidas. Las condiciones carcelarias son pésimas, y los derechos de los familiares a visitar a los presos comúnmente violados. La tortura y los malos tratos siguen siendo comunes, y el sistema judicial carece de independencia y eficiencia. Gran parte de la población del país sigue viviendo bajo estados de emergencia, donde los derechos civiles más básicos, tales como la inviolabilidad de la correspondencia, no existen.
Coronando las violaciones a los derechos humanos vigentes, la impunidad reina en Perú. La Ley de Amnistía promulgada en 1995 disculpa a todos los agentes del gobierno que hayan cometido violaciones a los derechos humanos, por más graves que estas sean: masacres, asesinatos de niños, violaciones sexuales, tortura... Al mismo tiempo, pone fin a toda investigación sobre estas mismas violaciones. El destino de 5,000 desaparecidos ha sido legislado al olvido.
También hay preocupaciones relacionadas con la institucionalidad democrática y la plena vigencia del estado de derecho, como por ejemplo la corrupción sigue siendo un fenómeno extendido sobre el que han habido diversas denuncias, pero que no ha merecido mayor atención por parte de las autoridades hasta la reciente creación de una nueva entidad burocrática, todavía entrampada en la definición de sus funciones y que hasta hoy carece de recursos para actuar.
d) Tráfico ilícito de drogas
El tráfico ilícito de drogas es aquella actividad ilícita que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediante actos de fabricación, comercialización o tráfico de estas sustancias.
De modo que podemos decir que el tráfico ilícito de drogas constituye una amenaza a la seguridad nacional y global de los Estados, en tanto concurren los dos elementos para entender que ella se configura: de un lado, la voluntad de las mafias y los cárteles de la droga de causar un daño a los Estados para facilitar sus actividades ilícitas, y, de otro, la gran capacidad de movilización de recursos materiales y humanos con que cuentan estos grupos delictivos.
Sobre esto último, se estima que el comercio de drogas en el mundo se moviliza alrededor de 500 mil millones de dólares al año, representando casi el 8% del comercio mundial. Si a ello le agregamos que las Naciones Unidas calculan que anualmente se lavan aproximadamente 200 mil millones de dólares en el sistema financiero mundial, se puede fácilmente concluir que el narcotráfico implica una amenaza real para la estabilidad y seguridad de los Estados.
A continuación se muestra algunos índices de consumos en los departamentos del Perú.
El índice promedio nacional es de 0.11. Los departamentos con índices más altos son Tumbes (0.41) y Ucayali (0.28). Son seguidos por San Martín (0.25), Tacna (0.25), Amazonas (0.22), Huánuco (0.20), Loreto (0.19), Ayacucho (0.12) y Lima (0.12). Todos ellos representan el 45% de la población nacional.
En el promedio nacional están Madre de Dios (0.11), La Libertad (0.11), Lambayeque (0.09), Piura (0.08), Pasco (0.08) e Ica (0.06). Todos ellos suman el 20% de la población peruana.
Por debajo del índice promedio están Cusco (0.05), Ancash (0.05), Junín (0.04), Callao (0.03), Arequipa (0.02), Puno (0.02), Cajamarca (0.02) y Moquegua (0.02). También Huancavelica y Apurímac, ambos con índice 0 en este rubro.
Tales cifras muestran visibles distorsiones con relación a lo que acontece en la realidad y estarían reflejando, al parecer, una seria deficiencia en los registros. Como podrá notarse la acción policial parece realizar más intervenciones en las habituales puertas de salida de la droga y no en los lugares en que se produce. Por eso encontramos que sitios como Tumbes, Tacna y Callao (es decir, zonas fronterizas y de embarque), son los que encabezan los índices, siendo sintomático que las regiones productoras, ya sea Huánuco, Ayacucho y en cierta medida Cusco, no se hallen entre los departamentos en donde se ha realizado la mayor cantidad de intervenciones, en términos relativos.
e) Terrorismo
El terrorismo consiste en la violencia o la amenaza de la violencia utilizada por un individuo grupo de personas como estrategia política. Al igual que la revolución, el terrorismo es una acción política que rompe las reglas establecidas en un sistema político.
Los terroristas intentan utilizar la violencia como una táctica política legitima, pese a que todas las sociedades del mundo condenan este tipo de actos. Los terroristas evitan (o se excluyen o son incluidos) de los canales tradicionales de negociación política. El terror es una estrategia de una organización débil para atacar un objetivo poderoso, el terrorismo es también una táctica que no solo emplean pequeños grupos armados
También los gobiernos pueden cometer actos terroristas, denominándose así terrorismo de estado, que es el uso de la violencia ilegitima por parte de un gobierno contra individuos o grupos de la población. Contrario a los principios políticos democráticos, el terrorismo de estado se utiliza sobre todo en regímenes autoritarios o totalitarios, que sobreviven en parte en gracia a que instauran el miedo y la intimidación entre su población, este tipo de terrorismo de estado lo podemos encontrar en regímenes de izquierda como los de Corea y la antigua Unión Soviética o en regímenes de extrema derecha como la Alemania–Nazi o la de Saddam Husein, ahora en nuestros días se utiliza el terrorismo de estado para mantenerse en el poder.
Las sociedades democráticas son vulnerables a las acciones terroristas, ya que se basan en la garantía de los derechos y libertades .Los terroristas se aprovechan de estas garantías para actuar más libremente y perpetrar sus ataques
En el terrorismo es también definido como le conjunto de acciones que pueden ir desde una simple amenaza hasta el ajustamiento de un enemigo del pueblo y cuyos objetos son:
1.- Separar a la población de la autoridad y ganarla con la revolución, para lograr esto se realiza en dos etapas: la primera la población se mantiene pasiva ante las autoridades. No ayudan a la tarea del os terroristas, aunque con su silencio ya están ayudando. En la segunda etapa el terrorismo comienza a tener apoyo de la población en forma obligada.
2.- Destruir organizaciones de la sociedad: En la sociedad hay una seria de jerarquías políticas, administrativas, etc., los hombres que tienen un puesto de dirección en la sociedad. Mediante el terrorismo se trata de eliminar sus acciones, aislarlos de la población y hasta eliminarlos si es necesario.
El terrorismo es también cuestionado de definición. Los gobiernos no democráticos no tienen reparo en calificar como terroristas a grupos de la oposición, del mismo modo los tildan de terroristas y no son así.
Por último cabe de recordar que el fenómeno del terrorismo es mundial muchas organización terroristas poderosas son el ejemplo para formar otros grupos en países más débiles, un ejemplo de ello el grupo Evade España, el IRA de Reino Unido o el grupo Baader-Meinhoff de Alemania son organización poderosas en países poderosos, acá en el Perú tuvimos años de sangre y terror con el MRTA y Sendero Luminoso y las FARC en el vecino país de Colombia.
f) Consumo de drogas
En los últimos años en el país y en el mundo en general, principalmente en las grandes urbes, se observa un incremento de la delincuencia o actos violentos ejercidos por adolescentes o jóvenes, quienes escudados por el grupo y envalentonados por los efectos de las drogas, cometen diversos ilícitos penales y causan problemas en la seguridad ciudadana, afectando a la sociedad en su conjunto.
El presente tema aborda más que todo, el problema de la violencia juvenil en el Perú, y su correlación con el consumo de sustancias psicoactivas, en base a la experiencia en el trabajo con adolescentes infractores de la ley en los centros de diagnóstico y rehabilitación.
La violencia es un fenómeno social muy complejo de carácter multifactorial y multicausal, que implica una respuesta impulsiva, en contra de las normas de convivencia pacífica, afectando, perjudicando y agrediendo los derechos de las personas y la sociedad, principalmente los referidos a la vida, la libertad, el desarrollo, la propiedad, etc.
La violencia juvenil, es decir, aquella ejercida por adolescentes y jóvenes, es una realidad que se ha visto agravada en los últimos 20 años en el país. Dentro de las principales causas tenemos: La crisis económica que generó un proceso migratorio a las principales ciudades en busca de nuevas oportunidades, el desplazamiento de familias amenazadas por el terrorismo, con la consecuente desintegración familiar y cultural, marginación y exclusión social, pobreza extrema, carencia de servicios básicos, de salud y educativos; así como la falta de empleo y la crisis de valores. Es así que la familia, en especial la mujer y el niño, se han visto vulnerados, generando problemas de inadecuación social, manifestados principalmente en la proliferación de “Pandillas juveniles”, “Barras Bravas” y “Pirañitas”. Su accionar comprende desde leves faltas hasta delitos que requieren una intervención judicial.
Al igual que la violencia, la problemática del consumo de drogas en el Perú se ha incrementado en los últimos años. De ser considerado un país mayormente productor, se observa un alarmante aumento del consumo interno de drogas consideradas lícitas como el alcohol y el tabaco, así como de las drogas ilegales, cuya producción, tenencia, comercialización y consumo están sancionados por la Ley, como la marihuana, la cocaína, Pasta Básica de Coca y otras. La edad de inicio en el consumo ha disminuido en los últimos años y se ha comprobado que la conducta delictiva está asociada a la ingesta temprana de drogas tanto legales como ilegales.
g) Accidentes de tránsito
A la racha de accidentes fatales de transito, que han matado a mas peruanos que el narcoterrorismo de Sendero Luminoso, tenemos que sumarle las personas afectadas por la contaminación del parque automotor y que durante años gozo de exoneración de Revisiones Técnicas y que ahora se está haciendo a paso lento pero seguro creo. Pero ante todo esto y a la falta de una voluntad política de hacer bien las cosas poniendo mano dura y no el cálculo político por los votos, debe plantearse una cruzada de concientización y mano firme. Solo en Lima han fallecido 142 personas, la mayoría por imprudencia de los peatones ( 32 % ), exceso de velocidad ( 24 % ) y manejar en estado de ebriedad ( 6.5 % ), ni hablar en las diferentes regiones del píaselas cifras son espeluznantes, Desde el 2007 han muerto 995 personas, 4 de cada 10 accidentes lo ocasiona un medio de transporte público, entre enero a junio del 2009 han muerto 342 personas, durante el 2007 se produjeron 79972 accidentes de tránsito ( en Lima 47941 ) y así podemos seguir para llenar una hoja Excel, pero que solución hay, estamos acostumbrados a ser indolentes con este mal, con esta irresponsabilidad urbana y nacional, son loables los esfuerzos del Ministro Enrique Cornejo, pero a una medida le salen más accidentes, que se cayó un puente, la red vial mal concesionada, ómnibus viejos que deben estar fuera de circulación, crear un Superintendencia de Transito, programa " Maneje Seguro" pero en carreteras inseguras, que hacer, encomendarnos a Dios no queda otra. Manejemos con cuidado, a la defensiva (creo que esto ya lo leyó o escucho), así unas recomendaciones: 1.Cancelar la licencia a quien maneje ebrio, de por vida. 2. Cárcel a los que maten en estado de ebriedad, mínimo 5 años máximos 15 años. 3. Revisión técnica nacional de todas las unidades públicas y privadas. 4. Actualización de brevetes. 5. Campaña en los colegios, universidades, institutos, nidos etc. 6. Señalización de carreteras y en las capitales de las regiones, en las ciudades, semaforización al día a nivel nacional. 7. Dar de baja definitiva y sin contemplaciones a las unidades con más de 10 años de antigüedad. 8. Fondo nacional de transito, que grava con el 2% la gasolina y seguros para señalizar, semafórica, operativos contra infractores a las leyes de tránsito. 9. Un día a la semana restringir transito de unidades públicas y privadas para aliviar la contaminación ambiental. 10. Estado apoye con un bono la reconversión del parque automotor. Suerte amigo y maneje con cuidado.
Por ejemplo Unas 3.243 personas fallecieron en el Perú en 2009 a causa de los accidentes de tránsito y otras 48.395 resultaron heridas, según el informe que presentó hoy la Defensoría del Pueblo.
Eduardo Vega Luna, primer adjunto de la institución, señaló su oposición al uso de los denominados "buses camión", vehículos adaptados que no cumplen con los requisitos de seguridad para los pasajeros. También criticó a las Asociaciones de Fondo Contra Accidentes de Tránsito que venden falsos certificados contra accidentes.
El Perú tiene una alta tasa de siniestralidad en las carreteras en comparación con otros países del mundo y, en la mayoría de casos, la imprudencia de los choferes, el mal estado de los vehículos y de las vías son los causantes de desenlaces fatales.
En Perú, como en toda Latinoamérica, el alto grado de inseguridad generado por la violencia y la delincuencia obstaculizan el crecimiento económico y la reducción de la pobreza.
Sin embargo, la falta de datos precisos impide formular en forma adecuada el problema. En el caso de Perú este asunto es, al parecer, particularmente grave. Aunque no existen estudios concluyentes al respecto, se estima que sólo el 25% de los actos delictivos son denunciados.
Por otro lado, los estudios realizados hasta el momento para el caso peruano han incidido en una u otra manifestación violenta o criminal para sugerir así los niveles de inseguridad imperantes. Asimismo, gran parte de las inquietudes se han focalizado en el ámbito de Lima Metropolitana.
Estos enfoques si bien son valiosas contribuciones no dejan de ser parciales. Este documento busca suplir estos vacíos. En ese sentido ha reunido y ordenado la información oficial disponible tratando de darle coherencia estadística mediante el levantamiento de índices. También ha interrelacionado las diversas manifestaciones de violencia que se producen en todo el país, según tipo y frecuencia.
La inseguridad generada por la presencia de la violencia y la delincuencia no es un problema reciente en la sociedad peruana. Durante la década pasada el Perú sufrió los efectos de un fenómeno subversivo muy violento, que dio como resultado cerca de 30,000 muertos y unos 25 mil millones de dólares en pérdidas materiales.
Cuando en 1992 fue capturado el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, dando inicio a la rápida derrota de la principal organización terrorista peruana, todo hacía suponer que el delicado escenario anterior había sido por fin superado.
Sin embargo, la disminución de la violencia política a niveles inocuos para la seguridad nacional permitió ver con mayor claridad un fenómeno que venía desarrollándose desde años atrás: la violencia delincuencial.
Esto planteó nuevos retos a la política de seguridad del país. Los daños que produce la delincuencia son elevados para el tamaño de la economía peruana y, por otro lado, generan un clima de desconfianza muy perjudicial para la organización social.
Además, a diferencia de lo que ocurrió con la subversión, esta vez no se tenía al frente un problema cuyas características podían ser definidas sin dificultad. La delincuencia común es un fenómeno muy complejo que no responde a criterios organizacionales ni a estrategias puntuales.
Pero, el panorama de la inseguridad en Perú tiene otros factores importantes en su composición. El narcotráfico es uno de ellos. Durante la presente década esta actividad ilícita viene postrando una suerte de “reconversión”, exigida por las variaciones de los precios internacionales de los estupefacientes y las políticas de interdicción llevadas a cabo en la región latinoamericana.
Los resultados, hasta el momento, han sido la reducción de las áreas de cultivo de coca y, por otro lado, que el Perú deje de ser un exclusivo productor de materia prima para pasar a ser productor final, es decir, de clorhidrato de cocaína.
Una de las consecuencias de estos cambios en el “negocio “de las drogas es el explosivo aumento del consumo interno de estas sustancias, especialmente en el mercado urbano.
Por otro lado, la violación de los derechos humanos también debe ser incorporada como un factor importante que afecta la seguridad del país. Si bien se reconoce internacionalmente que Perú ha avanzado significativamente en este campo durante los últimos años, es obvio que aún subsisten graves problemas al respecto.
Al lado de estas manifestaciones ilícitas se encuentran aquellos actos de violencia que atentan contra la seguridad de los ciudadanos, los cuales no son considerados como ilegales por la población. Entre ellos, los más notorios son la violencia doméstica ejercida contra las mujeres y los niños y, por otro lado, los accidentes de tránsito. En ambos casos el Perú muestra un rápido crecimiento de casos que resulta muy ilustrativo para medir el deterioro de las condiciones de vida.
Todas estas expresiones que fomentan, de una u otra manera, el sentimiento de inseguridad de la población peruana son sin duda síntomas de graves problemas que radican en la sociedad. Sin embargo, esta explicación es parcial.
El otro lado del problema es la incapacidad institucional para hacer frente a esta realidad. Es un hecho que la policía peruana se encuentra sumida en una profunda crisis de manera tal que bien podría formar parte del problema, dado la gran cantidad de efectivos que se hallan comprometidos en actos delictivos.
Asimismo, las otras instituciones públicas que guardan relación con la seguridad pública, como son el Poder Judicial y el sistema penitenciario, también procesan sus propias crisis y resultan inadecuados para las circunstancias actuales que presenta el país.
La falta de respuesta por parte del Estado ha motivado que la sociedad opte por algunas formas de defensa que, salvo algunas excepciones -como los “serenazgos” organizados por las municipalidades de Lima Metropolitana-, son más bien espontáneas y sin ningún control institucional.
Estas respuestas sociales no sólo son onerosas e ineficaces sino también peligrosas y contraproducentes para disminuir la inseguridad. En los barrios urbanos marginales, por ejemplo, son cada vez más frecuentes los linchamientos tumultuosos de supuestos delincuentes.
De esta manera, la seguridad ha devenido en un aspecto prioritario para la agenda que debe desarrollarse en Perú. La población se siente más amenazada que nunca por la delincuencia, los empresarios están preocupados por sus costos de seguridad y las autoridades buscan diseñar estrategias adecuadas para un problema urgente.
Entonces la inseguridad ciudadana se define como el temor a posibles agresiones, asaltos, secuestros, violaciones, de los cuales podemos ser víctimas. Hoy en día, es una de las principales características de todas las sociedades modernas, y es que vivimos en un mundo en el que la extensión de la violencia se ha desbordado en un clima generalizado de criminalidad. A continuación, presentamos la vertiginosa transición de la delincuencia en el país y las causas que originan esta incertidumbre en la sociedad.
Entre las causas de inseguridad que se detectan, está el desempleo que vive una gran cantidad de personas; las personas que atentan contra los bienes y la integridad física de los ciudadanos lo hacen, frecuentemente, por no tener un empleo estable que les garantice ingresos suficientes para mantener a su familia.
También, se identificó a la pobreza como otra causa que puede generar agresividad y que causa, además, altos índices de delincuencia que, generalmente, se ubican en las zonas marginales de la ciudad.
La falta de educación es otra causa. La escasa (y, muchas veces, inexistente) educación de los ciudadanos genera delincuencia, agresividad y, por supuesto, inseguridad en aquellas personas que se mantienen al margen, pero que son los que sufren las consecuencias de esta situación.
Asimismo, la cultura tan pobre de nuestra población genera altos índices delictivos y de agresividad contra las personas. Puede afirmarse que, cuanta menos educación y cultura tengan las personas, más propensas a la delincuencia y al crimen serán.
En conclusión, la inseguridad ciudadana puede ser superada si el Estado crea un sistema educativo que disminuya las cifras de deserción escolar que inciden en la criminalidad, y que, además, ofrezca oportunidades laborales a todos los sectores de la sociedad.
CONSECUENCIAS DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL PERU
Caminar por las calles de Lima ya no es tan fácil como era antes. Ahora, es común que, al despedirnos, nos digamos “ten cuidado”. Nadie está exento de ser víctima de un asalto y esto genera un miedo constante. En el siguiente artículo, trataremos las consecuencias de la inseguridad ciudadana.
La persona o institución que sufre un robo se ve privada de lo que es de su propiedad, lo que causa daño al patrimonio de personas, empresas, instituciones y del propio país. A veces, esto ocurre con violencia. Se genera un clima de desconfianza, desesperanza y desánimo, de manera que la persona que es víctima de un robo se cuida más y toma medidas más estrictas y excluyentes en perjuicio de los que no roban. Esto encarece los costos de la vida, pues obliga a instalar medidas de seguridad que implican contratación de pólizas de seguro, contratación de infraestructura de seguridad (paredes, rejas, cerraduras, etc.), contratación de personal, creación de áreas de seguridad en las instituciones y de instituciones de vigilancia en el país, entre otras medidas de protección.
Por otra parte, en el caso del abuso sexual, no solo sufren los acosados, sino también los agresores, los testigos, los padres, las madres, los hermanos, los familiares: en definitiva, la sociedad entera. Los testigos de la violación padecen bloqueos emocionales, intelectuales y alteraciones de conducta que les pueden llevar a un final funesto. Sus sufrimientos no son transitorios y pueden desafiar un desarrollo futuro normal. El abuso sexual acarrea desconfianza en la víctima, además de originar conciencia de culpa y vergüenza en ella, pues, en cierta medida, queda la culpa inconsciente de haber incentivado dicho acto.
Además, en el caso de los secuestros o raptos, el acto delictivo tiene como consecuencia la violación física y psicológica. Los secuestradores juegan con los sentimientos de los familiares de sus víctimas al amenazarlos con la muerte de estos, si no pagan por el rescate. Asimismo, los delincuentes abusan físicamente de sus víctimas si estas no son rescatadas.
En conclusión, la seguridad ciudadana es un bien público que el Estado debe garantizar y proteger. Enfrentar la violencia y fomentar la seguridad, por tanto, es manifestar la voluntad de conseguir un mejor desarrollo para nuestro país.
POSIBLES SOLUCIONES ANTE LA INSEGURIDAD CIUDADANA
PERÚ
Somos conscientes de que la inseguridad ciudadana incide negativamente en el desarrollo social, cultural, económico y educativo de nuestro país. Por eso se tiene que encontrar, con urgencia, medidas que solucionen esta problemática. La policía, en conjunto con los gobiernos locales, y, también, la sociedad civil tienen que trabajar para proponer y hallar dichas medidas. En el siguiente artículo, nosotros, como parte de la sociedad civil, expondremos algunas soluciones que podrán disminuir la gravedad del problema. En esta ocasión, basaremos nuestras soluciones en los ámbitos social, educativo y policial.
En el ámbito social, nos centraremos en cuatro puntos. En primer lugar, se encuentra el programa de resociabilización de jóvenes de la calle. Este consiste en otorgar opciones laborales, culturales o sociales que incentiven un adecuado uso del tiempo libre en los jóvenes. Por eso, estas opciones deben de ser atractivas, que recreen y tengan sentido integrador. En segundo lugar, está el ofrecimiento de oportunidades laborales para la población penal. Si se capacita a un ex interno este puede trabajar con las habilidades despertadas en la capacitación y, así, no caerá otra vez en la delincuencia y criminalidad. En tercer lugar, está la información para la participación. La población debe tener acceso a encuestas y estadísticas sobre la inseguridad ciudadana. “Tener una amplia disponibilidad de información contribuye a perfeccionar la política desarrollada en materia de seguridad ciudadana”1. En cuarto lugar, se encuentra la existencia de un centro de asistencia a las víctimas para que se les pueda brindar ayuda psicológica, dependiendo del nivel de violencia. Como afirma el Instituto de Defensa Legal: “El desarrollo de la problemática victimológica y la asistencia interdisciplinaria de las víctimas sirve para atenuar graves consecuencias que ocasionen los delitos tanto el aspecto individual, como el familiar y el social”.
En el ámbito educativo, el sistema actual en el Perú no consta de métodos que enseñen a los niños desde pequeños a no resolver sus riñas de manera violenta. Es bueno, sin importar su edad, inculcar a los niños el respeto hacia los demás para, así, convivir en armonía en la sociedad. También, es necesario combatir la deserción escolar, pues esto vincula a los jóvenes a no asistir a las escuelas y darse al abandono (punto de inicio de la violencia juvenil en las calles).
Y, por último, en el ámbito policial, se les debe dar importancia a dos aspectos. En el primer aspecto, está la descentralización jurisdiccional y geográfica. Esta se refiere a separar por niveles de gravedad los delitos cometidos en determinados lugares y circunstancias: no se puede imponer con una misma pena a alguien que robó y a otro que mató. En el segundo aspecto, se debe observar una clara división de funciones de los policías. Nuestro sistema de seguridad debe separar adecuadamente las funciones y estar debidamente dirigido y vigilado por un especialista en dicho aspecto.
En conclusión, la seguridad ciudadana es un bien público que el Estado debe garantizar y proteger. Es cierto que no hay estadísticas concretas que muestren el incremento o disminución de la seguridad ciudadana, pero este es un tema que no solo acontece en el Perú, sino también se da en toda Sudamérica. Por ello, las medidas para erradicarla deben ser cautelosas y no caer en soluciones inmediatistas, y, a su vez, negativas.
En ese sentido, el presente texto busca motivar respuestas al cómo, dónde, cuándo y por qué se producen las acciones que afectan la seguridad de la población peruana. Así, hemos tratado de reconstruir la evolución de estas expresiones violentas durante la presente década, para de esa manera ofrecer un acercamiento que ayude a responder las interrogantes expuestas.
a) Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud
En esta variable se incluyen homicidios, abortos, lesiones y otros (exponer al peligro o al abandono a las personas, genocidios, etc.). Se le ha considerado como el principal síntoma de inseguridad.
b) Delitos contra el patrimonio
Es el conjunto de infracciones punibles que vulneran la propiedad de las personas naturales o jurídicas. Entendiéndose por patrimonio todo bien que suscite estimación pecuniaria, es decir; que tenga un contenido económico.
Estos delitos se generan por factores de índole económico social y tiene gran incidencia en nuestra sociedad, cometiéndolos individuos de los diferentes estratos sociales en sus diversas tipologías, algunas veces individualmente y otras conformando grupos organizados, constituyen el mayor número de las infracciones en agravio respecto de los bienes muebles y en menor porcentaje en lo relacionado con los bienes inmuebles (usurpación y daños).
Aquí se incluyen los hurtos, robos, apropiaciones ilícitas, estafas, fraudes y otros (extorsión, usurpación, daños. etc.).
c) Violaciones de derechos humanos
Aunque la situación de los derechos humanos en Perú ha mejorado mucho en los últimos años, las violaciones a los derechos humanos siguen siendo un problema grave y permanente. Cientos de presos inocentes continúan en las cárceles, condenados por tribunales sin rostro, sin las garantías procesales más mínimas, y generalmente sin pruebas válidas. Las condiciones carcelarias son pésimas, y los derechos de los familiares a visitar a los presos comúnmente violados. La tortura y los malos tratos siguen siendo comunes, y el sistema judicial carece de independencia y eficiencia. Gran parte de la población del país sigue viviendo bajo estados de emergencia, donde los derechos civiles más básicos, tales como la inviolabilidad de la correspondencia, no existen.
Coronando las violaciones a los derechos humanos vigentes, la impunidad reina en Perú. La Ley de Amnistía promulgada en 1995 disculpa a todos los agentes del gobierno que hayan cometido violaciones a los derechos humanos, por más graves que estas sean: masacres, asesinatos de niños, violaciones sexuales, tortura... Al mismo tiempo, pone fin a toda investigación sobre estas mismas violaciones. El destino de 5,000 desaparecidos ha sido legislado al olvido.
También hay preocupaciones relacionadas con la institucionalidad democrática y la plena vigencia del estado de derecho, como por ejemplo la corrupción sigue siendo un fenómeno extendido sobre el que han habido diversas denuncias, pero que no ha merecido mayor atención por parte de las autoridades hasta la reciente creación de una nueva entidad burocrática, todavía entrampada en la definición de sus funciones y que hasta hoy carece de recursos para actuar.
d) Tráfico ilícito de drogas
El tráfico ilícito de drogas es aquella actividad ilícita que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediante actos de fabricación, comercialización o tráfico de estas sustancias.
De modo que podemos decir que el tráfico ilícito de drogas constituye una amenaza a la seguridad nacional y global de los Estados, en tanto concurren los dos elementos para entender que ella se configura: de un lado, la voluntad de las mafias y los cárteles de la droga de causar un daño a los Estados para facilitar sus actividades ilícitas, y, de otro, la gran capacidad de movilización de recursos materiales y humanos con que cuentan estos grupos delictivos.
Sobre esto último, se estima que el comercio de drogas en el mundo se moviliza alrededor de 500 mil millones de dólares al año, representando casi el 8% del comercio mundial. Si a ello le agregamos que las Naciones Unidas calculan que anualmente se lavan aproximadamente 200 mil millones de dólares en el sistema financiero mundial, se puede fácilmente concluir que el narcotráfico implica una amenaza real para la estabilidad y seguridad de los Estados.
A continuación se muestra algunos índices de consumos en los departamentos del Perú.
El índice promedio nacional es de 0.11. Los departamentos con índices más altos son Tumbes (0.41) y Ucayali (0.28). Son seguidos por San Martín (0.25), Tacna (0.25), Amazonas (0.22), Huánuco (0.20), Loreto (0.19), Ayacucho (0.12) y Lima (0.12). Todos ellos representan el 45% de la población nacional.
En el promedio nacional están Madre de Dios (0.11), La Libertad (0.11), Lambayeque (0.09), Piura (0.08), Pasco (0.08) e Ica (0.06). Todos ellos suman el 20% de la población peruana.
Por debajo del índice promedio están Cusco (0.05), Ancash (0.05), Junín (0.04), Callao (0.03), Arequipa (0.02), Puno (0.02), Cajamarca (0.02) y Moquegua (0.02). También Huancavelica y Apurímac, ambos con índice 0 en este rubro.
Tales cifras muestran visibles distorsiones con relación a lo que acontece en la realidad y estarían reflejando, al parecer, una seria deficiencia en los registros. Como podrá notarse la acción policial parece realizar más intervenciones en las habituales puertas de salida de la droga y no en los lugares en que se produce. Por eso encontramos que sitios como Tumbes, Tacna y Callao (es decir, zonas fronterizas y de embarque), son los que encabezan los índices, siendo sintomático que las regiones productoras, ya sea Huánuco, Ayacucho y en cierta medida Cusco, no se hallen entre los departamentos en donde se ha realizado la mayor cantidad de intervenciones, en términos relativos.
e) Terrorismo
El terrorismo consiste en la violencia o la amenaza de la violencia utilizada por un individuo grupo de personas como estrategia política. Al igual que la revolución, el terrorismo es una acción política que rompe las reglas establecidas en un sistema político.
Los terroristas intentan utilizar la violencia como una táctica política legitima, pese a que todas las sociedades del mundo condenan este tipo de actos. Los terroristas evitan (o se excluyen o son incluidos) de los canales tradicionales de negociación política. El terror es una estrategia de una organización débil para atacar un objetivo poderoso, el terrorismo es también una táctica que no solo emplean pequeños grupos armados
También los gobiernos pueden cometer actos terroristas, denominándose así terrorismo de estado, que es el uso de la violencia ilegitima por parte de un gobierno contra individuos o grupos de la población. Contrario a los principios políticos democráticos, el terrorismo de estado se utiliza sobre todo en regímenes autoritarios o totalitarios, que sobreviven en parte en gracia a que instauran el miedo y la intimidación entre su población, este tipo de terrorismo de estado lo podemos encontrar en regímenes de izquierda como los de Corea y la antigua Unión Soviética o en regímenes de extrema derecha como la Alemania–Nazi o la de Saddam Husein, ahora en nuestros días se utiliza el terrorismo de estado para mantenerse en el poder.
Las sociedades democráticas son vulnerables a las acciones terroristas, ya que se basan en la garantía de los derechos y libertades .Los terroristas se aprovechan de estas garantías para actuar más libremente y perpetrar sus ataques
En el terrorismo es también definido como le conjunto de acciones que pueden ir desde una simple amenaza hasta el ajustamiento de un enemigo del pueblo y cuyos objetos son:
1.- Separar a la población de la autoridad y ganarla con la revolución, para lograr esto se realiza en dos etapas: la primera la población se mantiene pasiva ante las autoridades. No ayudan a la tarea del os terroristas, aunque con su silencio ya están ayudando. En la segunda etapa el terrorismo comienza a tener apoyo de la población en forma obligada.
2.- Destruir organizaciones de la sociedad: En la sociedad hay una seria de jerarquías políticas, administrativas, etc., los hombres que tienen un puesto de dirección en la sociedad. Mediante el terrorismo se trata de eliminar sus acciones, aislarlos de la población y hasta eliminarlos si es necesario.
El terrorismo es también cuestionado de definición. Los gobiernos no democráticos no tienen reparo en calificar como terroristas a grupos de la oposición, del mismo modo los tildan de terroristas y no son así.
Por último cabe de recordar que el fenómeno del terrorismo es mundial muchas organización terroristas poderosas son el ejemplo para formar otros grupos en países más débiles, un ejemplo de ello el grupo Evade España, el IRA de Reino Unido o el grupo Baader-Meinhoff de Alemania son organización poderosas en países poderosos, acá en el Perú tuvimos años de sangre y terror con el MRTA y Sendero Luminoso y las FARC en el vecino país de Colombia.
f) Consumo de drogas
En los últimos años en el país y en el mundo en general, principalmente en las grandes urbes, se observa un incremento de la delincuencia o actos violentos ejercidos por adolescentes o jóvenes, quienes escudados por el grupo y envalentonados por los efectos de las drogas, cometen diversos ilícitos penales y causan problemas en la seguridad ciudadana, afectando a la sociedad en su conjunto.
El presente tema aborda más que todo, el problema de la violencia juvenil en el Perú, y su correlación con el consumo de sustancias psicoactivas, en base a la experiencia en el trabajo con adolescentes infractores de la ley en los centros de diagnóstico y rehabilitación.
La violencia es un fenómeno social muy complejo de carácter multifactorial y multicausal, que implica una respuesta impulsiva, en contra de las normas de convivencia pacífica, afectando, perjudicando y agrediendo los derechos de las personas y la sociedad, principalmente los referidos a la vida, la libertad, el desarrollo, la propiedad, etc.
La violencia juvenil, es decir, aquella ejercida por adolescentes y jóvenes, es una realidad que se ha visto agravada en los últimos 20 años en el país. Dentro de las principales causas tenemos: La crisis económica que generó un proceso migratorio a las principales ciudades en busca de nuevas oportunidades, el desplazamiento de familias amenazadas por el terrorismo, con la consecuente desintegración familiar y cultural, marginación y exclusión social, pobreza extrema, carencia de servicios básicos, de salud y educativos; así como la falta de empleo y la crisis de valores. Es así que la familia, en especial la mujer y el niño, se han visto vulnerados, generando problemas de inadecuación social, manifestados principalmente en la proliferación de “Pandillas juveniles”, “Barras Bravas” y “Pirañitas”. Su accionar comprende desde leves faltas hasta delitos que requieren una intervención judicial.
Al igual que la violencia, la problemática del consumo de drogas en el Perú se ha incrementado en los últimos años. De ser considerado un país mayormente productor, se observa un alarmante aumento del consumo interno de drogas consideradas lícitas como el alcohol y el tabaco, así como de las drogas ilegales, cuya producción, tenencia, comercialización y consumo están sancionados por la Ley, como la marihuana, la cocaína, Pasta Básica de Coca y otras. La edad de inicio en el consumo ha disminuido en los últimos años y se ha comprobado que la conducta delictiva está asociada a la ingesta temprana de drogas tanto legales como ilegales.
g) Accidentes de tránsito
A la racha de accidentes fatales de transito, que han matado a mas peruanos que el narcoterrorismo de Sendero Luminoso, tenemos que sumarle las personas afectadas por la contaminación del parque automotor y que durante años gozo de exoneración de Revisiones Técnicas y que ahora se está haciendo a paso lento pero seguro creo. Pero ante todo esto y a la falta de una voluntad política de hacer bien las cosas poniendo mano dura y no el cálculo político por los votos, debe plantearse una cruzada de concientización y mano firme. Solo en Lima han fallecido 142 personas, la mayoría por imprudencia de los peatones ( 32 % ), exceso de velocidad ( 24 % ) y manejar en estado de ebriedad ( 6.5 % ), ni hablar en las diferentes regiones del píaselas cifras son espeluznantes, Desde el 2007 han muerto 995 personas, 4 de cada 10 accidentes lo ocasiona un medio de transporte público, entre enero a junio del 2009 han muerto 342 personas, durante el 2007 se produjeron 79972 accidentes de tránsito ( en Lima 47941 ) y así podemos seguir para llenar una hoja Excel, pero que solución hay, estamos acostumbrados a ser indolentes con este mal, con esta irresponsabilidad urbana y nacional, son loables los esfuerzos del Ministro Enrique Cornejo, pero a una medida le salen más accidentes, que se cayó un puente, la red vial mal concesionada, ómnibus viejos que deben estar fuera de circulación, crear un Superintendencia de Transito, programa " Maneje Seguro" pero en carreteras inseguras, que hacer, encomendarnos a Dios no queda otra. Manejemos con cuidado, a la defensiva (creo que esto ya lo leyó o escucho), así unas recomendaciones: 1.Cancelar la licencia a quien maneje ebrio, de por vida. 2. Cárcel a los que maten en estado de ebriedad, mínimo 5 años máximos 15 años. 3. Revisión técnica nacional de todas las unidades públicas y privadas. 4. Actualización de brevetes. 5. Campaña en los colegios, universidades, institutos, nidos etc. 6. Señalización de carreteras y en las capitales de las regiones, en las ciudades, semaforización al día a nivel nacional. 7. Dar de baja definitiva y sin contemplaciones a las unidades con más de 10 años de antigüedad. 8. Fondo nacional de transito, que grava con el 2% la gasolina y seguros para señalizar, semafórica, operativos contra infractores a las leyes de tránsito. 9. Un día a la semana restringir transito de unidades públicas y privadas para aliviar la contaminación ambiental. 10. Estado apoye con un bono la reconversión del parque automotor. Suerte amigo y maneje con cuidado.
Por ejemplo Unas 3.243 personas fallecieron en el Perú en 2009 a causa de los accidentes de tránsito y otras 48.395 resultaron heridas, según el informe que presentó hoy la Defensoría del Pueblo.
Eduardo Vega Luna, primer adjunto de la institución, señaló su oposición al uso de los denominados "buses camión", vehículos adaptados que no cumplen con los requisitos de seguridad para los pasajeros. También criticó a las Asociaciones de Fondo Contra Accidentes de Tránsito que venden falsos certificados contra accidentes.
El Perú tiene una alta tasa de siniestralidad en las carreteras en comparación con otros países del mundo y, en la mayoría de casos, la imprudencia de los choferes, el mal estado de los vehículos y de las vías son los causantes de desenlaces fatales.
